Sentencia de recurso de casación para la unificación de doctrina

Sentencia de recurso de casación para la unificación de doctrina.

Sentencia nº 3/2017

Sentencia de recurso de casación para la unificación de doctrina.

Sentencia nº 3/2017 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha diez de Enero de 2017, en el que se estiman total y parcialmente los recursos de casación para la unificación de doctrinas presentados por la empresas.

Este recurso de casación es presentado para la unificación de la doctrina en aras a revertir el fallo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en recurso de suplicación nº 134/14 interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Vitoria, en autos número 21/13 en el que se viene a determinar si hubo o no sucesión de empresas y si resulta o no válido el período de prueba pactado con los trabajadores.

En primer lugar en los recursos de casación ha de cumplirse lo establecido en el artículo 219 de la LJS.

El Tribunal ha de examinar si las sentencias comparadas son contradictorias en los términos requeridos por dicho artículo, en este caso la Sala concluye que dicha contradicción existe alegando que en ambos casos se trata de contratas cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de atención al cliente, más complicados técnicamente en el caso de la recurrida; en ambos supuestos la empresa contratista facilitaba a la subcontratista la línea telefónica, ordenadores y aplicaciones informáticas; en los dos casos la subcontratista organizaba y dirigía el trabajo de su personal, al que deba formación, instrucciones, fijaba jornada laboral, organizaba vacaciones, daba permisos, pagaba su retribución y frente al que ejercía facultades disciplinarias, labores cuya ejecución la empresa principal se limitaba a controlar.

Sin embargo, pese a esa identidad sustancial, las pretensiones formuladas, aunque eran idénticas han recibido respuestas distintas. Y sigue argumentando la Sala que tal “identidad sustancial” no quiebra “por la concurrencia de algunas diferencias”, con la siguiente explicación:

“En este sentido, el que el local fuese costeado por la subcontratista robustece la existencia de contradicción porque en el supuesto de la de contraste lo ponía, inicialmente, la empresa principal, razón por la que existiría contradicción "a fortiori".

Así mismo, el que en la puerta del centro de trabajo de la subcontratista hubiese una placa con el logotipo de la empresa sólo indicaba a quien se prestaban los servicios desarrollados en ese centro, al igual que el hecho de que los trabajadores se identificasen como servidores de la empresa revelaba que los servicios de atención al cliente se prestaban por cuenta de la empresa, como suelen hacer todos los servicios de atención al cliente, por cuanto se identifican no como empleados del servicio, sino de quien lo ha contratado para atender a sus clientes.

Lo relevante en estos casos no es lo que diga el trabajador que informa al cliente que llama, sino quien organiza, dirige y paga su trabajo con autonomía, aunque siguiendo lo comprometido en el pliego de condiciones de la contrata”.


Una vez admitido el punto anterior, la estimación total por parte de la Sala del recurso planteado por una de las empresas,se basa en que la empresa subcontratista es una empresa real que tiene su propia organización y no se limita a poner a disposición de la empresa que la contrata el trabajo de sus empleados, que son formados por ella y trabajan bajo sus órdenes directas, sometidos a su disciplina, siguiendo sus instrucciones y con arreglo a los manuales de actuación y procedimientos establecidos por la dirección técnica de la empresa a nivel nacional.

La organización del trabajo por la subcontratista y la gestión que realiza de la labor de sus empleados es reconocida por la sentencia recurrida que, sin embargo, estima que existe cesión ilegal porque la contratista no pone los medios materiales esenciales para la ejecución de la contrata, argumento que no es acogible porque la supuesta cedente ilícita ha puesto medios materiales (muebles e inmuebles) que eran necesarios para la actividad y lo que es más importante, ha puesto su organización empresarial al servicio de la ejecución de la contrata, su "saber hacer" (know how) como empresa en la prestación de servicios en CGP.

El que la empresa adjudicataria aportase ordenadores y equipos informáticos no tiene la trascendencia que se le pretende dar porque, dada la índole del servicio contratado, atención personalizada a un cliente concreto, la prestación del servicio requería acceder a los datos de la empresa contratante sobre el cliente, los servicios contratados por él y la forma de prestarle el servicio y de solucionar sus problemas, cual apuntamos en nuestra sentencia de 15-4-2010(R. 2259/2009).

Por lo demás, es normal que la empresa contratista no se interfiera en la ejecución de la contrata, por la subcontratista, pero si que controle que el servicio se presta correctamente, así como, la preparación técnica del personal empleado una vez al año.

Finalmente, cual se dijo antes,es irrelevante que el logotipo de la empresa principal figure en la puerta del centro de trabajo, pues se trata de un CGP que tiene por fin sólo prestar atención a un cliente de la empresa adjudicataria, al igual que el personal que trabaja en él,razón por lo que lo relevante no es a quien se presta el servicio, sino quien lo organiza, dirige, responde de sus prestación y cobra por ello (la empresa subcontratista).

Por su parte la Magistrada Rosa María Viroles Piñol realiza un voto particular discrepante sobre la Sentencia alegando que estos recursos no deberían haberse admitido a trámite al apreciarse falta de contradicción entre las sentencias comparadas por no darse las identidades del artículo 219.1 LRJS.

En este voto particular la magistrada argumenta que para establecer la comparación entre las sentencias comparadas es preciso remitirse al examen de la sentencia recurrida hecho en el recurso de empresa contratante del servicio.

En el caso de la sentencia recurrida los trabajadores de la empresa contratista prestan servicios en un local de la principal y se identifican como personal de dicha empresa.

El trabajo lo organiza empresa matriz elaborando manuales con arreglo a pautas de actuación e instrucciones técnicas establecidas en la contrata.

Dos personas forman parte de esa estructura a nivel nacional, una de las cuales comunica las instrucciones técnicas a todos los Centros de Gestión Personalizada.

Los trabajadores de la contrata se someten a exámenes para emitir certificaciones anuales exigidas por la empresa que subcontrata el servicio y llevados a cabo en sus sedes.

Lo acreditado en la sentencia de contraste es que la empresa contratista selecciona a los trabajadores y se ocupa de su formación específica para el servicio contratado, al tiempo que cuenta con coordinadores y supervisores que los asisten en cualquier problema relacionado con el trabajo.

La empresa lleva un control de calidad sobre las llamadas y el conjunto de los servicios prestados.


La Magistrada entiende que debió apreciarse falta de contradicción entre las sentencias comparadas por no darse las identidades del articulo 219.1 LRJS; en particular, en el supuesto de la sentencia recurrida consta que el servicio se lleva a cabo en un local de la empresa principal; los trabajadores se identifican como personal de esta; reciben su formación de la empresa que contrata el servicio, que exige exámenes anuales que certifiquen su capacidad, los cuales se realizan en la sede de dicha empresa.

Lo acreditado en la sentencia de contraste es que una fase de la ejecución del servicio se realiza en el local de la empresa adjudicataria, la cual además imparte la formación necesaria y las instrucciones sobre el concreto trabajo, controlando su ejecución efectiva mediante auditorias de llamadas.

Y respecto al recurso de la segunda empresa, la Magistrada considera que debió apreciarse el incumplimiento manifiesto e insubsanable de un requisito necesario para recurrir por falta de una relación precisa y circunstanciada de la contradicción como exige el arto 224.1 a) LRJS, al no realizar la parte recurrente un examen comparativo de hechos, fundamentos y pretensiones de las sentencias que muestre la concurrencia de las identidades del artículo 219.1 LRJS.

En esta sentencia lo relevante es el hecho de que, en este caso, el TS haya apreciado la existencia de contradicción en relación a sentencias que no cuentan con la identidad que viene exigiendo normalmente en este tipo de recursos. Incluido aquel que, a la inversa, esto es, siendo nosotros parte recurrente y las empresas parte recurrida, planteamos para dirimir la misma cuestión frente a las mismas empresas. (Véase http://supremo.vlex.es/vid/649629277).

Para complementar la lectura de este Resumen nos remitimos al artículo realizado también sobre esta sentencia por el Profesor Eduardo Rojo. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/02/rcud-sobre-los-vaivenes-del-ts-en-la.html

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